La construcción de nuevos campos de golf en vía de extinción

La regulación de golf en Andalucía, sin precedente en Europa, afecta a todos los nuevos desarrollos de golf, acompañados o no de viviendas, que no hayan concluido antes de febrero de 2008. Así como a los campos de golf abiertos al público, que deberán adaptarse a los nuevos requisitos en un determinado plazo de tiempo.

El controvertido decreto andaluz, en su propósito de promover solamente la implantación de campos de golf de excelencia turística, genera un daño colateral que compromete el futuro del golf en Andalucía.

Aunque se permite la construcción de complejos turístico-residenciales en torno a campos de golf, se limita a un único supuesto: cuando la administración autonómica declara el campo de golf de interés turístico. Esta novedosa condición, sujeta al cumplimiento de requisitos técnicos de diseño y de ordenación, y de otras consideraciones turísticas, medioambientales y económicas, entraña una enorme complejidad. Los gastos económicos que conlleva, la dificultad que requiere su tramitación por el ingente número de agentes implicados en la aprobación, y, sobre todo, el desconocimiento de los criterios que regulan el número de viviendas que, en su caso, la declaración concederá al promotor, impiden que éste pueda evaluar desde el inicio el éxito de la inversión. Mucho menos el beneficio.

Para Ignacio García, con el decreto se destierra el desarrollo urbanístico que hemos conocido alrededor de los campos de golf y se pone en vía de extinción la construcción de nuevas instalaciones en Andalucía.

La crisis del ladrillo y una ley estricta acaban con la panacea del golf en Andalucía.

Los proyectos que combinan golf, hotel y urbanización de lujo impulsados por promotores y abanderados por alcaldes durante toda la década han dejado de ser el remedio general para los males de las economías municipales de toda Andalucía. En apenas cuatro años, las iniciativas que antes eran prioritarias han dejado de agolparse sobre la mesa de los despachos de los ayuntamientos para quedar relegadas, en el mejor de los casos, al cajón.

Es el fin de un modelo de desarrollo.

Dos factores simultáneos han puesto punto y final a la panacea del golf: la crisis económica y el decreto regulador del sector en Andalucía.

El valor del ladrillo que antes hacía rentables las inversiones en golf se ha desplomado en cuatro años, y los bancos que antaño concedían dinero a espuertas no quieren ahora ni oír hablar de proyectos urbanísticos. No hay rentabilidad, no hay financiación.

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A la criba económica, se ha sumado la ejercida por el decreto de golf aprobado por la Junta de Andalucía en febrero de 2008, después de ocho años de cábalas y retrasos. El documento establece requisitos técnicos y medioambientales estrictos para los proyectos con un doble objetivo: que los campos no se conviertan en una excusa para calificar suelo y vender casas -o que se levanten “macro urbanizaciones acompañadas de un jardín con agujeritos”, dijo el entonces consejero de Presidencia, Zarrías-, y que la región configure una red de instalaciones de “interés turístico” capaz de atraer viajeros por su alta calidad. En el decreto, el Gobierno andaluz se reservó la última palabra con una “comisión técnica de calificación” formada por representantes de diversas consejerías. Sin embargo, cuatro años después de la aprobación del texto, no hay ningún campo de golf construido con la aprobación de esta comisión.

El presidente de la Federación Andaluza de Golf, Ángel de la Riva, sostiene que la normativa incluye parámetros que están disuadiendo a muchos promotores. “No se puede reproducir la situación en la que todo el que tenía un poco de mano en un ayuntamiento conseguía hacer un campo de golf con miles de viviendas, pero tampoco se puede exigir al promotor de golf que construya un hotel por exigencia del decreto”, argumentó en declaraciones a Efe De la Riva, que recordó que sólo el mantenimiento de un campo de golf requiere una media de 2,5 millones al año.

En la misma información de Efe, el presidente de la Federación expresa su confianza en que la norma se perfeccione y se llegue a un término medio entre la barra libre de antes y la rigidez actual.

Mientras tanto, con los condicionantes de la crisis y el decreto, el repaso de la situación del sector en Andalucía ofrece un panorama esclarecedor: los promotores de campos de golf no están dispuestos ahora a sembrar en el erial en el que se ha convertido el sector.


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