El pasado 19 de diciembre de 2001 la Junta paralizó en Marbella la construcción de los segundos 18 hoyos de Santa María Golf.
El delegado provincial de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, acompañado de técnicos de su departamento, agentes medioambientales y policía autonómica y urbanística, notificaron la medida cautelar a los responsables de la obra.
Medios – El acto cubierto por periodistas y fotógrafos de prensa escrita y cámaras de televisión autonómica en las mediaciones de la obra, tuvo una repercusión mediática más propia de un evento político que de un acto administrativo.
Los documentos urbanísticos y la licencia de construcción del nuevo campo de golf con arreglo al PGOU del Ayuntamiento de Marbella que Ignacio García puso a disposición de los agentes ambientales no impidieron que se tomara la medida cautelar.
La legislación urbanística vigente en España deja en manos de los consistorios la aprobación del PGOU municipal, consensuado previamente con las Comunidades Autónomas.
Por primera vez en todo el territorio nacional, la Junta de Andalucía considera vigente en Marbella un PGOU distinto al que aprobó el Ayuntamiento. Esta inusual polémica ha creado un debate urbanístico sin precedente, entre el polémico alcalde de Marbella Jesús Gil y Gil, y el gobierno andaluz presidido por Manuel Chaves, con graves consecuencias para los promotores de Marbella. Mientras el Ayuntamiento concede licencias de obra conforme al PGOU, la Junta abre expedientes administrativos sancionados con multas millonarias. Los promotores afectados pueden recurrir el expediente y quedar libre de cargo pero el proceso legal es tan costoso en tiempo y dinero que el daño causado es irreparable.
